Plan de recuperación y resiliencia de España: El Tribunal General de la UE deniega el acceso al documento

Explicación de la Sentencia de 15 de febrero de 2023 del Tribunal General de la UE, en el asunto T-77/22 Asesores Comunitarios contra Comisión Europea, con intervención del Reino de España.

Introducción

Se desconoce el Plan de Recuperación y Resiliencia de España.

No fue publicado ni por el Gobierno español ni por las instituciones encargadas de su evaluación y aprobación (Comisión Europea y Consejo de la UE). Hay que distinguir tres documentos:

El Plan como tal, enviado por España el 30 de abril de 2021 y que es objeto de nuestro recurso de anulación que ha dado lugar a esta Sentencia del Tribunal General de la UE. NO ES PÚBLICO Y SE ACABA DE DENEGAR EL ACCESO AL MISMO.
La evaluación positiva del Plan por parte de la Comisión Europea de 16 de junio de 2021 en forma de propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo, que incluye un Anexo con las reformas y proyectos de inversión, las modalidades de seguimiento y ejecución y el calendario que deberá cumplir España. Es PÚBLICO.
La Decisión de Ejecución del Consejo de 13 de julio de 2021. Esta Decisión, tras algunas modificaciones, adoptó la evaluación positiva de la Comisión junto con su anexo. Es PÚBLICO y también está disponible en los sitios web del Consejo (Decisión y Anexo).

Antecedentes y resumen de la sentencia

En el periodo 2021-2022, Asesores Comunitarios ha querido conocer el Plan de Recuperación y Resiliencia presentado por el Gobierno de España a la Comisión Europea. Para ello, presentó una solicitud de documentos a la Comisión, que le fue denegada en dos ocasiones, previa consulta con el Gobierno español.

Tras ello, en febrero de 2022, Asesores Comunitarios interpuso un recurso de anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea contra la segunda, y definitiva, resolución denegatoria.
El objeto de este recurso era anular esta decisión, por considerar que los argumentos de la Comisión y del Gobierno español no eran suficientes para impedir el acceso a un documento tan importante.

Sin embargo, el Tribunal General consideró que esos argumentos eran suficientes para denegar el acceso al Plan de Recuperación y, por tanto, que la decisión denegatoria de la Comisión era correcta.
El Tribunal General señala que la razón principal alegada por el Gobierno español y la Comisión es que, entre abril y junio de 2021, durante la evaluación del Plan, se habrían realizado enmiendas y/o modificaciones cuya divulgación habría perjudicado el interés público de España en materia de política financiera y económica.

A modo de ejemplo, el Tribunal afirma en el apartado 65 que el acceso público al texto de los componentes nº 23-políticas públicas del mercado laboral, y nº 30-pensiones, podría dar lugar a «especulaciones e interferencias» (…) «en todas las fases del proceso de negociación relativo a la aplicación del Plan».

Además, el Tribunal General afirma que la publicación del Plan pondría en peligro la posición negociadora de España en futuras solicitudes de desembolso de fondos Next Generation al someterla a presiones externas. A efectos prácticos, esto impide solicitar el acceso al Plan de Recuperación mientras se esté aplicando, es decir, hasta finales de 2026.

Principales conclusiones de la sentencia

Las principales conclusiones de la sentencia de 15 de febrero son las siguientes:

1. Rompe con la inveterada doctrina del Tribunal en favor de la transparencia y el acceso de los ciudadanos a los documentos de las instituciones.
2. El Tribunal opta por defender los intereses políticos de los gobiernos de la UE (España en este caso) por encima de la transparencia en un asunto de gran importancia como es el plan de recuperación post-COVID.
3. El Tribunal confirma los límites legales dentro de los cuales la institución a la que se solicita el acceso a los documentos (la Comisión en este caso) tiene derecho a llevar a cabo una simple comprobación de que el autor del documento (el Gobierno español) ha actuado correctamente al oponerse a la divulgación del documento.
4. Por último, aunque el Gobierno español ha publicado algunos documentos relacionados con el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, tanto en la fase preparatoria como en la de ejecución, el documento en sí, que fue presentado a la Comisión el 30 de abril de 2021, y cuyo acceso ha solicitado insistentemente Asesores Comunitarios, no es público. Además, el Gobierno español, cuando la Comisión le preguntó si podía facilitar el acceso al documento, se negó a hacerlo en dos ocasiones, como reiteró posteriormente ante el Tribunal General.