La externalización es una técnica que consiste en encargar a otra persona una tarea específica. En la empresa privada, consiste en contratar a terceros para que presten servicios que antes realizaba el personal de la empresa. En cuanto a la administración pública, la externalización también existe, pero hay riesgo de conflicto entre intereses privados y públicos. Las recientes publicaciones del Defensor del Pueblo Europeo y del Tribunal de Cuentas de la UE dan testimonio de esta importante cuestión a escala de la UE.
Defensor del Pueblo Europeo
En su artículo «Cómo la externalización puede poner en peligro el derecho a una buena administración», Emily O’Reilly, Defensora del Pueblo Europeo, acaba de decirlo sin rodeos refiriéndose a casos como los de Blackrock y Uber.
En el caso de Blackrock (adjudicación por la UE de un estudio sobre medio ambiente, asuntos sociales y gobernanza, los llamados ASG), se descubrió que, más allá del estudio en sí (aplicación de los ASG en las normas bancarias de la UE), Blackrock consiguió influir en la formulación de políticas en este ámbito a través de otros canales, ya que este banco tiene inversiones en grandes empresas de combustibles fósiles y bancos de importancia sistémica, ambos de los cuales podrían verse afectados por las normas ASG a escala de la UE.
En los expedientes de Uber, un antiguo miembro de un grupo de presión actúa como denunciante de las prácticas de su antigua empresa. El Defensor del Pueblo Europeo observó que hay muchos grupos de presión que actúan más allá de las conversaciones registradas públicamente entre funcionarios del Gobierno y representantes de la industria.
Emily O’Reilly señala otra posible fuente de influencia indebida en la administración pública: las llamadas puertas giratorias, cuando los funcionarios públicos se trasladan al sector privado, llevándose consigo valiosos conocimientos o utilizando potencialmente sus conexiones para presionar a antiguos colegas: «La proliferación de consultorías que realizan trabajos para la Administración tenderá a generar nuevas oportunidades de empleo en estas empresas, oportunidades especialmente adecuadas para altos funcionarios públicos que ya tienen mucha experiencia relevante. Esto no sólo amenaza con exponer a la administración pública a un aumento de los grupos de presión inadecuados, sino que también corre el riesgo de crear un círculo vicioso: la marcha de funcionarios cualificados a consultorías genera una escasez de personal que conduce a una mayor externalización del trabajo a consultorías».
A pesar de su frecuente caricatura de enorme burocracia, la administración de la UE es relativamente pequeña. Según cifras de la Comisión Europea, hay muchos menos funcionarios trabajando para toda la UE que en el Ministerio de Hacienda francés o en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Pero, al igual que las administraciones nacionales, la administración de la UE recurre con frecuencia a estudios e informes externos. El uso de consultorías y otras grandes empresas puede suponer una apertura para quienes deseen influir en la política sin pasar por los canales adecuados.
Informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), 2021
Publicado el 27 de octubre de 2022, este informe se centra en las actividades de las agencias ejecutivas de la UE (otra tendencia descentralizadora que se ha producido en los últimos años de toma de decisiones en la UE). El Tribunal vuelve a señalar como prácticas preocupantes la debilidad de la contratación pública y las «puertas giratorias».
Iniciativas de la UE como el Green Deal, lanzado en diciembre de 2019, pocos meses antes de la pandemia, han acelerado una agitada agenda en Bruselas mediante la comitología y la multiplicación de contactos con consultoras privadas, en ocasiones, en detrimento de la transparencia, la buena administración y la rendición de cuentas, socavando así el ejercicio profesional del lobby basado en el buen uso de Bruselas (ver ‘El lobby en la Unión Europea: manual sobre el buen uso de Bruselas’, Emiliano Alonso, 2ª edición-ESIC Editorial, Madrid 2016).
En Alonso & Asociados somos auténticos lobbies desde hace más de 35 años. Vemos la externalización como una herramienta, entre otras, para realizar la actividad de lobby bajo estrictas normas éticas y con total transparencia. Los grupos de presión son la expresión natural de la sociedad civil; hacen posible la democracia participativa. Utilizando una imagen química, junto con los partidos políticos, los grupos de presión somos la enzima que hace posible la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas.